El abogado Ricardo de Lorenzo aborda, en esta entrevista, publicada por Sanifax, la problemática sobre la colegiación de los médicos en la Región de Murcia, a la que se refiere como un caso único en el conjunto de las comunidades autónomas

1. ¿Existe alguna razón o fundamento jurídico por la que el Servicio Murciano de Salud no exija a sus médicos empleados públicos la incorporación al Colegio de Médicos siendo esta obligatoria?

No, en absoluto. No existe ninguna razón jurídica que lo sustente.

Todos los profesionales de la medicina que ejercen una actividad profesional vienen obligados a incorporarse a un Colegio oficial de Médicos, con independencia de cuál sea su forma de ejercicio, sea ésta libre, bajo relación laboral de dependencia o al servicio de la Administración Pública.

2. ¿Es ésta una singularidad de la Región de Murcia o existen otros Servicios regionales autonómicos que tampoco la exigen a sus empleados?

En efecto, a día de hoy se trata de un caso único, difícilmente explicable y desde luego jurídicamente injustificable. En el pasado, otras Comunidades Autónomas, como Andalucía, Canarias, Castilla y León, o Galicia, por poner algunos ejemplos, dispensaron a sus empleados públicos sanitarios de la obligación de colegiación, pero todas estas dispensas, y algunas otras, fueron declaradas inconstitucionales por el TC, y en acatamiento a esa doctrina constitucional volvieron a la legalidad institucional y exigieron y reclamaron de todos sus empleados la incorporación preceptiva al Colegio de Médicos correspondiente.

3. En tal caso, por qué esta disparidad, es que acaso existe algún hecho diferencial en la Región de Murcia que lo justifique? ¿Es este de signo político?

Realmente no entendemos la empecinada resistencia de la Administración regional murciana, que es única en el panorama nacional y que sinceramente no alcanzamos a comprender. Desde un punto de visto político, nos llama la atención porque no existe  ninguna Comunidad gobernada por el Partido Popular que tenga el mismo criterio, ni tampoco por cierto del Partido Socialista, en la actualidad.

4. ¿En qué medida esta situación afecta a los pacientes y usuarios a los que atienden los profesionales sin colegiación?

Los deja indefensos, porque ¿cómo puede depurarse una intervención profesional que comporte una  mala praxis deontológica de alguno de aquellos profesionales si no está incorporado al Colegio?

En este sentido, hay que recordar que la vigente legislación sólo autoriza a la organización colegial a actuar deontológica y disciplinariamente contra aquellos profesionales que están incorporadas a la misma, por lo que al permanecer fuera de aquélla provocan un daño que puede ser irreparable al paciente, ya que éste no tiene vía legal, más allá de que la misma genere una evidente responsabilidad civil o penal ante los tribunales, para proceder contra el médico.

5. ¿A quién, entonces, y cómo puede denunciar la misma? ¿Acaso el Servicio Murciano de Salud sustituye al Colegio en ese cometido?

No. No tiene esa posibilidad. Además, en el supuesto que Vd., señala, el Servicio Regional Murciano no estaría actuando como “juez y parte” al enjuiciar prácticas que afectan a su propio servicio y organización, por lo que el ciudadano no tendría garantía alguna de objetividad en la respuesta a su queja o denuncia. Ese papel es el que justamente desempeña la organización colegial. Y no se olvide que en última instancia aquélla ésta constituida para velar por la correcta prestación de los servicios profesionales que comprometen valores y bienes públicos de extraordinario interés general como son el derecho a la vida misma, o el derecho a la salud o la integridad física de la persona.

6. A la vista de esta situación, ¿qué piensan hacer al respecto?

Desde luego no vamos a dejarlo pasar. Estamos iniciando ya mismo contactos y coordinando acciones y respuestas. El Presidente de la Organización Médica Colegial de España, el Dr. Serafín Romero ya ha iniciado estos contactos con el resto de organizaciones colegiales sanitarias a todas las escalas, incluida la autonómica, que avalan la legalidad de nuestra posición y la ilegalidad de la contraria.

La persecución del bien salud requiere unas condiciones de confianza entre los actores sociales y de avance en las condiciones de los profesionales que lo proveen, que determinan que sean los Colegios los únicos garantes del disfrute de prestaciones sanitarias en condiciones de solidaridad, ética y progreso en la formación y en la calidad asistencial y a ello tienen derecho los pacientes y los usuarios de los sistemas de salud, cualesquiera que éstos sean, Murcia no puede ser una excepción y nuestras corporaciones no pueden renunciar a su posición de garante de los derechos de los pacientes.

7. ¿Incluye eso la exigencia de responsabilidad a los promotores de aquella posición, políticos y técnicos?

Evidentemente. Gozando los Colegios Profesionales de lo que la jurisprudencia constitucional denomina “garantía institucional”, que avala su existencia, así como el correcto ejercicio de la función de interés general que, como Corporaciones de Derecho Público, los Colegios Profesionales tienen encomendadas, impedir esas garantías, de que el ejercicio de la profesión -que constituye un servicio al común- se ajuste a las normas o reglas que aseguren tanto la eficacia como la eventual responsabilidad en tal ejercicio, permitirá exigir responsabilidades a los promotores. 

No es la primera vez que el Colegio de Médicos tiene que denunciar situaciones de intrusismo de supuestos Médicos, ante la Fiscalía, de los que ha tenido conocimiento a raíz de la información remitida al colegio por compañeros, resultando no ser Médicos, no tener titulación y estar trabajando en Sistema Murciano de Salud.Estos daños que se irrogan a los pacientes de la Comunidad de Murcia no son de recibo, simplemente por obstinarse en no acatar las múltiples Sentencias del Tribunal Constitucional  declarando acorde a la Constitución la exigencia de la colegiación obligatoria. 

Fuente: Sanifax

Información publicada el 12 de diciembre de 2017